La Casa Rosada informó este lunes que vetará los proyectos de aumento jubilatorio impulsados por el kirchnerismo, Miguel Pichetto y la izquierda en la Cámara de Diputados, advirtiendo que no remitirá cambios al Presupuesto 2025. Al mismo tiempo, el Ejecutivo enfrenta el conflicto salarial en el Hospital Garrahan, donde residentes y otros profesionales mantienen un paro por recomposiciones.
En el Congreso, la oposición no dialoguista —integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda— logró reunir un temario que podría conseguir quórum para la sesión del miércoles. Entre los proyectos más relevantes figuran:
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Aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto a un incremento en el bono extraordinario de $70.000 a $105.000–$115.000.
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Extensión de la moratoria previsional, lo que supondría un costo fiscal estimado en 1,3% del PBI.
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Declaración de emergencia en discapacidad, con posibles partidas presupuestarias adicionales.
El oficialismo, encabezado por el presidente Javier Milei, reprochó que estas iniciativas “pretenderían romper el equilibrio fiscal por más de $12.000 millones (1,8% del PBI)”. Desde la Presidencia de Diputados, el diputado Martín Menem remarcó en redes sociales que “se esconden detrás de causas nobles para forzar un desequilibrio fiscal que costó mucho recuperar”.
En paralelo, el conflicto en el Hospital Garrahan se mantiene encendido. El Ejecutivo anunció un aumento del 30% en el bono de residentes, elevándolo a $500.000 mensuales, sin modificar el salario básico de $797.000. Sin embargo, los médicos residentes rechazaron dicha oferta al no recibir una propuesta formal del Ministerio de Salud, que es su empleador. El cronograma de acciones incluye:
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Este lunes: Publicación oficial de la mejora de bonos a residentes, que comenzará a regir tras el comunicado interno.
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Martes 4 de junio: Asamblea general de médicos residentes para evaluar nuevas medidas de fuerza.
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Miércoles 5 de junio: Marcha de las velas en el Obelisco porteño convocada por los residentes, con apoyo de otros gremios sanitarios.
El ministro de Salud, Mario Lugones, justificó el anuncio señalando que los residentes “no habían recibido una oferta de parte del Ministerio y que necesitaban contar con el incremento de bonos para enfrentar la crisis económica”. Sin embargo, la Junta Interna de ATE advirtió que al “excluir al 90% del personal del Garrahan” (médicos de planta, enfermeros y otros trabajadores), “el conflicto no se cerrará”. Este sector, que depende directamente de los directivos del hospital, exige una recomposición similar.
El Ejecutivo reconoce que los salarios de los profesionales de la salud están “por debajo de la línea de pobreza”, pero atribuye el estallido del conflicto al impulso de los gremios que “no quieren perder privilegios”. Además, el Gobierno señaló que el desencadenante fue la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, que —en su visión— expone a quienes “no cumplen con la jornada laboral”.
De cara al miércoles, el panorama legislativo y sanitario anticipa semanas de tensión:
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Sesión en Diputados: El oficialismo intentará impedir quórum, contando con la negativa de varios gobernadores de enviar sus bloques provinciales a la Cámara.
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Crisis en el Garrahan: Si los residentes confirman nuevas medidas, los directivos deberán negociar tanto con éste como con el personal de planta.
En ambos frentes, la Casa Rosada mantiene la decisión de no ceder sobre la rigidez fiscal ni postergar la implementación del control biométrico, priorizando su compromiso de déficit cero y la transparencia en el uso de fondos públicos.
